Varios de los empresarios procesados por presuntos sobreprecios en las obras de la Universidad Nacional de Tucumán realizadas con fondos mineros cuestionaron las pericias de Gendarmería e incluso un constructor logró que se reconociera una imprecisión surgida con el informe pericial y su procesamiento fue revocado. En otra causa reciente, la que se instruyó contra un empresario de la construcción y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) por obras en la Capital, también el denunciante, el ex diputado nacional José Vitar, cuestionó que se haya recurrido a pericias de Gendarmería, “organismo que se aboca al control de nuestra frontera -dijo- y carece de idoneidad sobre la cuestión”. Sin embargo, de esas pericias resultó un informe sustancial para determinar el sobreseimiento de los dos acusados, el empresario Jorge Garber y el gerente de la SAT, Augusto Guraiib.
Una fuente de la Justicia federal dijo que es frecuente y práctica la utilización del gabinete pericial de Gendarmería para la investigación. Se hicieron estudios patrimoniales en casos de narcotráfico y hasta hace poco se utilizó en todas las causas ambientales –en los últimos tiempos se desarmó el equipo ambiental de la fuerza de seguridad y ahora se recurre a Salta, dijo otra fuente- y han sido importantes los informes de Gendarmería en la larga investigación en la Justicia provincial del asesinato de Paulina Lebbos.
El fiscal Carlos Brito, investigador de las presuntas irregularidades en obras de la UNT con fondos mineros –causa YMAD- recurrió a una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de Gendarmería, que armó un equipo de cuatro peritos para estudiar en Buenos Aires los costos de las obras realizadas en la UNT, con consultas a revistas especializadas de Arquitectura e Ingeniería que publican informes sobre costos en la construcción.
“Poco ánimo”
Una fuente dijo que en el caso de las obras en la UNT se habría podido gestionar pericias con profesores de las Facultades de Arquitectura y de Ciencias Económicas pero “no se encontró ánimo”, pese a que los docentes y las autoridades de la casa universitaria son empleados del Estado nacional y podrían ser requeridos para ello. La obligación de la pericia es gratuita y acaso quienes dediquen su tiempo a esa tarea compleja podrían esperar una remuneración si lo llegara a considerar el tribunal que vaya a juzgar alguna vez a los responsables de la maniobra que se está investigando. “Las fiscalías no tenemos dinero para afrontar esos estudios. Los requerimos gratuitamente a los peritos de Gendarmería o de la Policía Federal”, dijo una fuente.
En el caso de los empresarios, hubo varios cuestionamientos. Horacio Gordillo, procesado por presuntos sobreprecios en dos obras en la Facultad de Odontología, dijo que iba a impugnar el informe del arquitecto Hugo Cordani, perito de Gendarmería. Héctor Preatonio, acusado junto a sus dos hijos por supuestos sobreprecios en la obra de la casa 8 del complejo residencial universitario de San Javier, dijo que los peritos no tuvieron en cuenta el costo de hacer obras en el cerro. Guillermo Pasquini logró mostrar que había habido una discordancia sobre la pericia de Gendarmería, dado que ya en 2011 el perito Cordani había aclarado a la Fiscalía que “no existe ningún elemento en el expediente que pruebe que la obra… haya tenido sobreprecio”.
¿A quién debería recurrir la Justicia para investigaciones complejas? En el caso de la obra de la SAT, fueron cuestionados por Vitar los agentes de Gendarmería. “La pericia ha sido elaborada por un contador y un arquitecto de dicha Fuerza, que lejos están de ser expertos en Derecho Administrativo y sistemas de contrataciones del Estado. Escondiéndose en un insustancial parloteo legalista sobre cuestiones secundarias, evitan abordar el aspecto medular de nuestra denuncia, que no mencionan”, criticó Vitar. Sin embargo, su informe despejó dudas y determinó que fueran sobreseídos los acusados, de acuerdo a la conclusión del mismo fiscal Brito y el fallo del juez Poviña. “El hecho de que sean miembros de una fuerza de seguridad no implica que sean menos contadores que otros”, dijo una fuente judicial, que agregó que en el caso YMAD, cuando se abra la instancia del juicio oral, “seguramente habrá cuestionamientos y se podrá valorar la importancia de esta tarea pericial”. Al menos en el caso Lebbos, el aporte de Gendarmería fue sustancial.